Theodore B. Olson, abogado de Aurelius Capital. Foto: The New York Times.
El fondo de capital de riesgo Aurelius Capital presentó una demanda esta semana alegando que la Junta de Control Fiscal (JCF) no se constituyó siguiendo las reglas de la Constitución de Estados Unidos. Por lo tanto, argumentan que hay que volver a escoger a los miembros de la junta, esta vez haciéndolo como les conviene se debe.
Refréscame la memoria plis, ¿quien es Aurelius Capital?
Aurelius Capital es uno de los principales tenedores de bonos de Puerto Rico, con alrededor de $470 millones en bonos de obligaciones generales (‘GO Bonds’). Son conocidos porque también estuvieron envueltos en un lío legal similar entre bonistas y el gobierno de Argentina.
Jmmm… ¿y qué quieren decir con eso de que ‘no se siguieron las reglas de la Constitución’?
Básicamente, lo que están diciendo es esto:
“La Constitución dice que todo oficial elegido a ejercer leyes federales (en este caso, todo miembro de la Junta) tiene que primero ser escogido por el Presidente de EEUU y luego confirmado por el Senado. En el caso de PROMESA, no ocurrió así. Sólo uno de los siete miembros fue escogido por el Presidente, y pa’ colmo ninguno fue confirmado por el Senado. So, no se siguieron las reglas así que sorry, todo lo que ha pasado es nulo y hay que volver a empezar.”
Entiendo, pero ¿Por qué traen esto a estas alturas del proceso?
Algunos piensan que Aurelius Capital, al igual que el resto de los bonistas, están sumamente descontentos con el Plan Fiscal aprobado por la JCF, el cual establece un pago promedio de $787 millones para el repago de la deuda por los próximos 10 años. Al tener que desmantelar la JCF y volver a escoger sus integrantes, ellos tendrían oportunidad de cabildear fuertemente para que se elijan individuos que sean más “bondholder-friendly”. En otras palabras, podrían darle ‘re-start’ al proceso buscando un resultado que les favorezca más.
Anda.. ¿y ustedes creen que tengan razón?
Eso lo tendrá que decidir la jueza federal Swain, junto con una demanda similar presentada por la UTIER, también buscando invalidar el poder de la Junta. Lo importante de todo esto es que mientras Ricky y la Junta se van a los puños por temas como la reducción de jornada, algunos bonistas están buscando invalidar este proceso por completo porque no les conviene. La pregunta es, ¿qué pasaría si se llega a implementar un Plan Fiscal como el que quieren los bonistas? Que Swain Dios nos cuide.